¿Qué es la Segunda Oportunidad?

La llamada Segunda Oportunidad del Emprendedor es en realidad un procedimiento extrajudicial mediante el que, de forma flexible, cualquier persona, tanto empresario como particular, puede negociar el pago de la deuda con sus acreedores ayudado por la figura del Mediador/a Concursal.

Según la ley, las deudas con Administraciones Públicas (Hacienda y Seguridad Social)  no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial y que los créditos con garantía real (hipotecas) únicamente podrán incorporarse al acuerdo si así lo deciden los acreedores.

¿Quién puede acogerse a la Segunda Oportunidad?

Cualquier empresario persona natural, es decir, cualquiera que ejerza actividades profesionales, así como los trabajadores autónomos, que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.

También puede solicitarlo una persona no empresaria que tenga deudas y no pueda hacer frente a las mismas, para intentar un acuerdo con los acreedores y una exoneración de las deudas, finalmente.

También podrán solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos las personas jurídicas que se encuentren en estado de insolvencia, que hayan sido declaradas en concurso, que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo y que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.

Tras la aprobación del Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de Febrero, se amplían y flexibilizan los acuerdos extrajudiciales de pagos incluidos en la Ley de Emprendedores de 2013, para mejorar su eficacia y facilitar la reestructuración de deudas de forma ágil y sencilla. Como principales novedades destaca:

  • Que en esta nueva normativa las personas físicas (particulares y autónomos) también podrán acceder a estos acuerdos, además de los empresarios y empresas
  • La exoneración de todas las deudas aunque no se cubran con la totalidad de los bienes.

De esta forma, el objetivo de la conocida como “segunda oportunidad” es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitirán afrontar el pago de las deudas de forma ordenada.

Exoneración de deudas

Para deudores personas físicas se establece un nuevo sistema de exoneración de deudas más flexible y eficaz que se aplicará tras la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa que constaría de los siguientes pasos.

  • Se mantiene la posibilidad actual de exoneración de deudas al concluir la liquidación siempre que se paguen los créditos de privilegio general (no sobre un bien concreto sino en general), contra la masa (los necesarios para que funcione la empresa y que cubran los gastos de administración del concurso) y, si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por 100 de los créditos ordinarios, como se prevé en la actualidad.
  • Alternativamente, y como novedad, cuando no se hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que el deudor acepte someterse a un plan de pagos durante los cinco años siguientes para el abono de las deudas no exoneradas (contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general), el deudor podrá quedar exonerado del resto de sus créditos, excepto los públicos y por alimentos.
  • Para la liberación definitiva de las deudas, el deudor deberá hacer frente en ese período a las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para su satisfacción. Es decir, conseguida esta exoneración parcial, el beneficiario tendrá un plazo de cinco años para afrontar el pago de las deudas no condonadas.Si en este plazo de 5 años el deudor ha ocultado ingresos o bienes, o mejorara su situación sustancialmente, los acreedores podrían pedir que se revocase la exoneración.
  • En caso de acreedores con garantía real, la parte que podrá exonerarse será aquella que no hubiera quedado cubierta en la ejecución de la garantía. La exoneración de deudas podrá revocarse en el citado plazo de cinco años a solicitud de los acreedores cuando se acredite que se han ocultado ingresos o bienes o el deudor consiguiera una sustancial mejora de su situación.

¿Cómo se solicita el acuerdo extrajudicial de pagos?

El empresario deudor que solicite el acuerdo extrajudicial de pagos deberá el siguiente proceso:

 Solicitud el nombramiento de un mediador/a concursal

Si los deudores son empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al Registrador Mercantil. En los demás casos, en personas físicas, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor.

La persona mediadora designada acepta el cargo y se pone en contacto con todos los acreedores para comprobar los saldos y se convoca a una reunión con todos los acreedores en los dos meses siguientes a la designación.

Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional, aunque no podrá solicitar préstamos o créditos y devolverá a la entidad las tarjetas de crédito.

Tampoco podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses, a excepción de los créditos con garantía real, en cuyo caso dependerá de la decisión del acreedor. Si el acreedor decide iniciar una ejecución, no podrá participar del acuerdo extrajudicial de pagos.

El mediador concursal remitirá a los acreedores un plan de pagos de las deudas a fecha de la solicitud, en el que la moratoria no podrá superar los tres años y con una quita que puede llegar hasta el 25% del importe de los créditos. Además, podrá proponer la cesión de bienes a los acreedores en pago de las deudas.

El plan de pagos se acompañará de:

–       Un plan de viabilidad

–       Una propuesta de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo, una cantidad que asegure la subsistencia del deudor y su familia y de la actividad que desarrollara.

–       Una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos

Los acreedores podrán presentar propuestas alternativas o de modificación en los siguientes diez días y, a su término, el mediador les presentará el plan de pagos final aceptado por el deudor.

En caso de que los acreedores que representen a la mayoría de la deuda no quisieran continuar la negociación, se deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores .

Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión, donde podrán ser modificados tanto el plan de pagos como el de viabilidad.

Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60% de la deuda. Si el plan consiste en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el 75%.

– Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto y se publicará la existencia del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor

– Si el plan no fuera aceptado y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso. Si a pesar de la labor del mediador no se alcanza ningún acuerdo, el afectado puede declararse enconcurso, pero con un cambio, ya que en lugar de acudir a un juzgado de lo mercantil como ocurría hasta ahora, debe acudir a un juzgado de primera instancia (civil).

El acuerdo podrá impugnarse dentro de los diez días siguientes a la publicación por el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo, aunque esto no suspenderá la ejecución del acuerdo y, en caso de sentencia de anulación del acuerdo, ésta se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, aunque será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente.